LA UNIÓN EUROPEA APROBÓ LA LEY ANTI MAFIA, POR TONIO DELL´OLLIO (ITALIA)

Fuente: Agenda Oculta

La Directiva que aprobó el Parlamento Europeo implica políticas orientadas a erradicar las organizaciones mafiosas atacando su punto más sensible: su patrimonio. Se propuso investigar los flujos del lavado de dinero sucio
y confiscar las ganancias criminales para una posterior confiscación y reutilización social de los bienes, esto último como aspecto primordial y motor de una cultura antimafia.

Las mafias de la nueva generación, aquellas globalizadas en el tiempo de crisis, tienen una sola exigencia urgente: reinvertir todo el dinero que proviene del narcotráfico y de las múltiples actividades ilícitas. Los refugios seguros de aquel dinero no son únicamente los paraísos fiscales clásicos que engullen dinero sucio prometiendo el máximo rendimiento, sino también la autoridad financiera complaciente, instituciones bancarias que, sedientas de liquidez, evitan hacer demasiadas preguntas sobre el origen del dinero, las instituciones políticas nacionales que se esfuerzan en promulgar normas y dispositivos son las que podrían impedir el flujo de capital dentro de sus fronteras. 

Hoy, en particular, ya no debería hablarse de la infiltración de la mafia en la economía mundial, sino más bien de la demanda por parte de la economía lícita de liquidez de cualquier tipo. Por estas razones, en todos estos años hemos pedido desde Libera que las instituciones europeas elaboraran una legislación coherente y vinculante en tema de lavado de dinero sucio, y que sobretodo proveyera aquel mecanismo de confiscación del que la mafia tiene terror. En Italia experimentamos la confiscación de bienes desde los días en que Pio La Torre propuso obstinadamente una ley que finalmente golpeaba a los exponentes de las grandes familias criminales, no sólo con la reclusión sino también con el secuestro y la confiscación de los bienes adquiridos ilegalmente. Esto es, golpear a las mafias en la parte más sensible, en aquello que representa el sentido y la finalidad de su propio trabajo. En todos estos años hemos encontrado obstáculos que parecían insuperables: desde las diferentes tradiciones jurídicas que caracterizan a los países de la Unión Europea (UE), a la reticencia a reconocer la particularidad de las asociaciones delictivas de carácter mafioso, desde la dificultad por reconocer la presencia de familias mafiosas organizadas sobre el propio territorio, hasta la posibilidad de concebir mecanismos legislativos que violasen la “sacralidad” de la propiedad privada. 

También hemos seguido de cerca comisionados y diputados europeos, hemos mostrado los resultado obtenidos como consecuencia de la Ley 109 del 96 que en Italia continua marcando un punto alto de lucha contra la mafia, hemos impulsado sobretodo la introducción del uso social de los bienes confiscados. Finalmente, el Comisionado Cecile Malmstrom, presentó el año pasado una propuesta de directivas que va en esta dirección, y ayer, después de un proceso largo y agotador, el Parlamento Europeo aprobó aquella norma con una amplia mayoría. En esto, seguro han ayudado algunos parlamentarios italianos particularmente sensibles, así como el resultado del trabajo realizado por la Comisión CRIM que ha evidenciado cómo se ha extendido y radicado en los países de la UE la economía criminal, y también nuestra acción continuada de concientización de las distintas naciones, de audiencias en el Parlmaneto, hasta una invitación a Italia al mismo Comisionado que visitó algunas propiedades confiscadas, que habló con los jueces y expertos, que se reunió con los jóvenes de las cooperativas que gestionan las tierras sustraídas de algunos exponentes prominentes de la delincuencia italiana. 

Ayer, en Estrasburgo, 631 diputados votaron a favor de la directiva, 19 en contra y 25 se abstuvieron. Un resultado gratificante que se ha logrado principalmente gracias a la creencia muy extendida de que los beneficios de las actividades ilegales no ayudan el desarrollo económico, sino que pueden influir en él, obstruirlo y condicionarlo. Sin duda alguna, el resultado de la votación de ayer es un paso importante que no debe hacernos descansar tranquilos porque ahora se precisará monitorear atentamente la implementación de la directiva que debe ejecutarse en los próximos 30 meses. "Nuestra prioridad -dijo la rumana Monica Luisa Macovei, relatora del texto de la Directiva en el Parlamento- debe ser poder seguir el flujo de dinero a través de las fronteras y garantizar la confiscación de las ganancias criminales. Sólo entonces podremos tener la esperanza de reducir la gran criminalidad". 

Enviar criminales a la cárcel dejando su dinero sucio en circulación es intolerable". Sin embargo, el dispositivo prevé que los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias, "por ejemplo las instituciones de oficinas nacionales centralizadas, una serie de oficinas especializadas o mecanismos equivalentes para garantizar la gestión adecuada de los activos sujetos al congelamiento, en vista de un posible decomiso posterior". Y, aun más, que garanticen “que las medidas previstas (...) incluyan la posibilidad de vender o transferir la propiedad, si es necesario". Pero, sobre todo, se acordó que "Los Estados miembros evaluarán la posibilidad de adoptar medidas que permitan el uso de los bienes decomisados para el interés público o con fines sociales". 

Más que nunca será necesario hacer comprender a los representantes de las instituciones nacionales y de la sociedad civil que la agresión al patrimonio mafioso es sólo un aspecto, tal vez el más importante, de la confiscación. En Italia la adopción del mecanismo de confiscación ha jugado un papel importante en cuanto a la sensibilización del público, ha sido el motor de una cultura antimafia, ha hecho más conscientes y protagonistas a los mismos ciudadanos, no sólo de la magnitud del fenómeno del lavado, sino también de lo que implicaba la sustracción de recursos para la utilidad pública y qué ventajas había en la devolución de las posesiones. Será necesario convencer a los gobiernos y parlamentos de los otros 27 países de la UE y, una vez más, vamos a necesitar una sociedad civil fuerte y consciente.